La operación policial del pasado jueves 19 de febrero en la Calle Real movilizó a antidisturbios desde las 06:00 horas. Los agentes forzaron la puerta principal y derribaron el acceso del garaje para desalojar a los ocupantes del inmueble, propiedad de la Sareb. Una persona fue detenida.
El jueves 19 de febrero un amplio dispositivo policial desalojó a los ocupantes del edificio situado en el número 13-15 de la Calle Real de Collado Villalba. La operación, que se prolongó durante varias horas, requirió el uso de una radial, una grúa y una excavadora para que los antidisturbios pudieran acceder al interior del inmueble, propiedad de la Sareb.
El dispositivo se desplegó a las 06:00 horas con el acordonamiento de la zona. Sobre las 08:00 horas, según el relato de testigos recogido por Efe, los agentes intentaron acceder al edificio forzando la puerta principal con una radial. Ante la imposibilidad de hacerlo por esa vía, una grúa derribó el acceso y, finalmente, una excavadora «reventó» la puerta del garaje por la parte trasera. En ese momento, los antidisturbios entraron en el inmueble para desalojar a las personas que permanecían en su interior. Fuentes municipales confirmaron la detención de una persona por agresión durante el operativo. La Asamblea de Vivienda de Collado Villalba informó de que dentro del edificio se encontraba también un menor.
El Ayuntamiento de Collado Villalba, gobernado por el Partido Popular, emitió un comunicado tras el desalojo en el que justificó la actuación. Según el Consistorio, respondió «exclusivamente a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad» después de que los servicios municipales constataran que el inmueble no reunía «las condiciones mínimas exigibles para su uso como vivienda». La alcaldesa, Mariola Vargas, explicó los motivos: «Por insalubridad e inseguridad urbanística tras diferentes episodios tanto de afectación para la salud como de régimen urbanístico como un incendio que hubo en diciembre de este último año que fue el detonante último a país y un informe de bomberos en el que nos decían que la situación era francamente insegura y en el caso de ocurrir otro incendio pues podía haber incluso muertos».
La versión de la Sareb y el testimonio de los desalojados
La Sareb, como propietaria del inmueble, emitió un comunicado en el que detalló las gestiones realizadas con los ocupantes. Según la entidad, se ofreció reubicación a 15 familias vulnerables «y colaboradoras» que residían en el edificio, en el marco de un programa de Alquiler Social con Acompañamiento e Inserción Laboral. De estas 15 familias, nueve fueron reubicadas en los meses previos al desalojo y firmaron un contrato de alquiler social. Sobre las seis restantes, la Sareb aseguró que «tiene vivienda reservada y oferta de alquiler».
El número total de personas afectadas por el desalojo fue objeto de discrepancia. El Ayuntamiento cifró en algo más de medio centenar las personas desalojadas. Por el contrario, la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba elevó la cifra hasta un centenar, pertenecientes a 43 familias. Varios de los desalojados denunciaron su situación. Joaquina, una de las afectadas, explicó a Europa Press: «Nos han tirado a todos, a una familia entera, y estamos todos en la calle y no sabemos ni dónde nos vamos a meter, dónde nos vamos a realojar». Algunos de ellos, según relataron, procedían del desalojo de otro inmueble de la Sareb en la calle Trinidad, ocurrido el 30 de septiembre.
Las reacciones políticas
La oposición municipal mostró posturas críticas con la operación. El portavoz del PSOE, Andrés Villa, consideró el desalojo «necesario para la tranquilidad de los vecinos y de los comerciantes del barrio de la estación», pero cuestionó la gestión posterior: «Después del desalojo hay que preguntarse qué va a pasar a partir de ahora. Yo creo que la alcaldesa de Collado Villalba lleva años desentendiéndose de un problema tan importante como es el de la vivienda».
El portavoz de Más Madrid, Gonzalo Díaz, centró sus críticas en la falta de transparencia del equipo de gobierno. «El informe técnico que justificaría esta medida no nos ha sido entregado pese a nuestras reiteradas solicitudes por escrito, lo cual incumple la normativa y el derecho de acceso a información de los concejales», declaró.
La portavoz de Podemos, Aurora Antolínez, fue más allá al calificar el desalojo como «un desahucio completamente ilegal, sin orden judicial, sin alternativa habitacional, con autoridad y con mucha violencia». Por último, el portavoz de MCV, Roberto Ramos, abogó por la «tolerancia 0» contra la ocupación, pero también criticó la falta de políticas públicas de vivienda: «La política de vivienda pública está olvidada por la alcaldesa y la Comunidad de Madrid».
La Asamblea de Vivienda de Collado Villalba anunció que había presentado un recurso ante la justicia y solicitado una medida cautelarísima. El colectivo aportó un informe pericial, elaborado por un arquitecto independiente con fecha del 30 de octubre, que contradice al municipal al afirmar que el edificio presentaba «un estado estructural sólido y estable, sin patologías graves ni riesgos aparentes para la seguridad de sus ocupantes».
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